La conferencia de prensa de hoy del Presidente de la República y del Ministro de Economía, a mi juicio, no debería leerse como un anuncio aislado. Tal como fue presentada, es una agenda de trabajo orientada a reducir el peso de la burocracia estatal en materia de comercio exterior.
El planteo va por dos carriles. Por un lado, los lineamientos del proyecto de Ley de Competitividad e Innovación, que seguirá su trámite institucional e implicará el intercambio con otros actores de la economía. Por otro, medidas operativas que el MEF presentó como aplicables sin esperar aprobación parlamentaria. Ese doble enfoque puede ser positivo, siempre que la burocracia y las discusiones de siempre no terminen frenando el proceso.
Desde una mirada económica, la dirección es razonable: bajar costos de cumplimiento, reducir fricciones administrativas y mejorar la eficiencia del Estado para disminuir el costo total de operar. En la práctica empresarial, muchas veces la competitividad se juega justamente ahí: en esos costos “invisibles” de trámites, tiempos y controles redundantes.
En ese marco, la medida que más se destaca es la posibilidad de DIFERIR EL PAGO DE TRIBUTOS DE IMPORTACIÓN dentro del mismo mes del despacho, mediante garantía previa. El impacto financiero puede ser significativo, porque reduce necesidades de fondeo anticipado y mejora la gestión de caja, especialmente en estructuras con márgenes ajustados. No hay que perder de vista que, en la operativa actual, importar supone inmovilizar fondos por tributos, IVA y anticipos, con el consiguiente costo financiero.
También resulta relevante la modificación del CANAL ROJO, que pasaría a basarse exclusivamente en análisis de riesgo. Si se implementa correctamente, podrían reducirse demoras sin debilitar el control.
Otro punto clave es el rol que comenzarán a tener los Operadores Económicos Calificados (OEC). Entre los cambios anunciados, se destacó la REDUCCIÓN EN LOS PLAZOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS a los exportadores certificados (OEC), que podría pasar de 210 a 30 días. Eso configura una ventaja competitiva para quienes ya están certificados y, al mismo tiempo, genera un incentivo concreto para que más operadores avancen en la certificación.
En un país donde las MIPYMES representan más del 99% de las empresas, una implementación eficaz de estos cambios puede traducirse en ahorro real de tiempo y, sobre todo, de dinero.
El desafío es claro: esto sólo funcionará si la agenda no se ejecuta en los “tiempos estatales”.