La nueva normativa sobre compras web vuelve a mostrar una tensión conocida: no alcanza con que un beneficio esté contemplado en la norma; también debe poder utilizarse en la práctica.
La Resolución General 11/2026 de Aduanas establece el procedimiento de control del nuevo régimen de encomiendas postales internacionales. Distintos couriers ya advirtieron dificultades operativas y algunos suspendieron temporalmente envíos para evitar retenciones e interpretaciones inciertas, según informó El País. A esto se suma que la norma no contempla las compras realizadas antes de su publicación y que aún no ingresaron al país, generando incertidumbre adicional para los consumidores y operadores.
El punto más sensible está en las compras desde Estados Unidos. El régimen reconoce un tratamiento preferencial asociado al acuerdo comercial vigente, pero exige acreditar condiciones del vendedor, del origen y de la documentación respaldante. En entrevista con Radio Carve, Juan Labraga, director de Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, confirmó que, bajo el esquema actual, plataformas y tiendas de Estados Unidos deberían registrarse ante Aduanas (de forma presencial y por medio de un representante legal) para que sus operaciones accedan al beneficio.
Si la exoneración depende de que vendedores extranjeros realicen trámites ante la administración uruguaya, el beneficio queda disponible en el papel, pero muy limitado en los hechos.
En las últimas horas trascendió, de manera informal y aún sin confirmación oficial, que la entrada en vigencia podría posponerse hasta junio. De confirmarse, sería una señal más de que el problema no es la existencia del marco normativo, sino las condiciones reales para aplicarlo.
Regular es necesario. Controlar también. Pero la regulación debe ser clara, proporcional, ejecutable y reglamentada en tiempo y forma.
Cuando el acceso a un beneficio se vuelve prácticamente imposible, es razonable preguntarse si no estamos, en los hechos, frente a su eliminación